Miguel Silva Vidal “LEGISLATOR”: Comandante retirado y principal legislador de las leyes militares del PSOE y PP (Versión corregida y ampliada de “El cisne negro”)

         Miguel Silva nació el 20 de septiembre de 1945. Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1963 y alcanzó el empleo de teniente de Ingenieros en 1967, ascendiendo al de capitán en 1971. A sus treinta y tres años y sin ningún otro título, fue incluido en la Comisión para la Redacción de las Nuevas Reales Ordenanzas, en la que, por mor de la costumbre militar de que ese cargo recayera en el más moderno, le correspondió ser secretario. Durante los años 1977 y 78, formó parte del equipo que, impulsado por el vicepresidente primero del Gobierno para Asuntos de la Defensa, teniente general Gutiérrez Mellado, y presidido por el general Martínez de Galinsoga, redactó las vigentes Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aunque a título personal nunca asumiera el espíritu de sus contenidos, ya que, en evidente contradicción con su artículo 214, renunció a realizar el curso de ascenso a comandante, fijando de forma voluntaria su horizonte profesional en el empleo de capitán. Dicho artículo establece literalmente: "El militar de carrera debe tener un deseo constante de promoción de los empleos superiores que las plantillas fijadas legalmente le permitan alcanzar. La falta de interés en perfeccionar las condiciones requeridas para merecer el ascenso es muestra de poco espíritu militar".

Tras su participación en la redacción de tan nefasto trabajo, se aferró al Gabinete del ministro Gutiérrez Mellado, siguió con Rodríguez Sahagún, y, dada su facilidad para reconvertirse al entorno político de cada momento, pudo conservar el mismo destino en los sucesivos gabinetes técnicos de los ministros Alberto Oliart (UCD) y Narcís Serra (PSOE), en cuyo mandato pasó a la Reserva Transitoria alcanzando el grado de comandante el 1 de octubre de 1985 al acogerse, sin mayor esfuerzo y gracias a esa disposición, continuando con Julián García Vargas y, en especial, con su Subsecretario y luego Secretario de Estado, Gustavo Suárez Pertierra, quien al asumir la cartera de Defensa le nombró Director General en atención a su notoria relación de confianza y sin méritos profesionalmente reconocibles para ello, con los que continuó «legislando». En esa nueva situación siguió colaborando con el ministro socialista Julián García Vargas

         Al acceder José María Aznar (PP) a la Presidencia del Gobierno en 1996, Silva Vidal dio por concluida su vida política y por amortizados sus servicios al PSOE. Sin embargo, gracias a la mediación de los almirantes Antonio González Aller y Francisco Torrente, el inexperto Subsecretario de Defensa nombrado en aquel momento, Adolfo Menéndez, le repescó como coautor de la Ley de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas (17/1989), que algunos denominaron "ley de la defunción militar", para que, a pesar de su escasa preparación jurídica, elaborara el paquete de nuevas leyes que habrían de sustituir aquella norma y conformar nada menos que el nuevo marco jurídico de las Fuerzas Armadas "profesionales".

Su cargo más importante fue el de Director del Gabinete del Secretario de Estado de la Administración Militar y luego Ministro, Gustavo Suárez Pertierra, y nunca tuvo relevancia pública, siempre se le consideró como uno de los personajes claves del departamento, pues intervino en la elaboración de las leyes que articularon la reforma militar de la transición. Por ello, se granjeó numerosos detractores entre sus ex compañeros de uniforme, quienes le acusaron de ser un militar renegado que se había vendido a los políticos.

En 1996, cuando el PP llegó al poder, se le destinó a un puesto burocrático, pero el subsecretario Adolfo Menéndez, pese a la resistencia de un sector de su partido, le repescó dos años después para que reformase la ley del Personal Militar de los socialistas. Así fue como, bajo el mandato del presidente Aznar, el ministro Serra sacó adelante la impresentable Ley 17/1999, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas que, pisoteando el apartado K del Dictamen Final de la Comisión Mixta Congreso-Senado y despreciando la propia Constitución, retrasó una vez más el reconocimiento de los derechos que la Constitución también reconoce a los militares, en esta ocasión, mediante su disposición final séptima: «El Gobierno deberá remitir al Congreso, antes del 31 de diciembre de 2002, los proyectos de ley necesarios para adaptar el ordenamiento legal de la Defensa Nacional y el régimen de derechos y deberes de los militares al modelo de Fuerzas Armadas profesionales». Mandato legal que incumplieron ese Gobierno y los sucesivos.

Ante su evidente falta de lealtad e incompetencia profesional, el equipo del nuevo Ministro, Federico Trillo-Figueroa, le cesó en mayo del 2000, aunque formalmente no hubo cese, sino no ratificación en el puesto. Su salida de Defensa cerró una etapa de 20 años. Pese a su juventud, 55 años, Silva representaba la continuidad y la memoria histórica del ministerio.

         Entonces,  Silva Vidal buscó acomodo como asesor del grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, combatiendo políticamente todo el trabajo que él mismo había desarrollado al servicio del PP.

        Al ganar el PSOE las elecciones en marzo de 2004 y José Bono nombrado ministro de Defensa, Miguel Silva se reincorporó a su antiguo destino ministerial, desarrollando funciones de asesoramiento político y volviendo a impregnar con su falta de profesionalidad jurídica y militar la nueva normativa.

        En esta nueva etapa, su trayectoria de rectificarse asimismo al dictado de los intereses políticos   alcanza su máxima expresión en la Ley Orgánica de Defensa Nacional, que sufrió un fuerte varapalo parlamentario y supuso la ruptura del consenso PP-PSOE, y en la Ley de Tropa y Marinería, que rompía también la dimensión de las Fuerzas Armadas pactada en la Ley 17/99. Peor encaje jurídico y militar tiene todavía la modificación de las leyes orgánicas 13/1985, del Código Penal Militar, y 8/1998, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que también había elaborado, sólo para satisfacer el "calentón" del ministro Bono provocado por un “accidente” aeronáutico y cuyas eventuales responsabilidades tenían perfecta cabida en la normativa vigente.

        La conflictividad creada en el propio seno de las Fuerzas Armadas por las distintas piezas legales que llevan su sello, e incluso las tensiones que han producido entre las distintas fuerzas políticas, se han hecho patentes a lo largo de su dilatada permanencia en el Ministerio de Defensa. De hecho, Miguel Silva es el auténtico responsable de que la legislación de ese Departamento sea técnica y progresivamente reputada como la peor de todos los ámbitos administrativos españoles. Y, lo que es mucho más grave, que a menudo se haya elaborado en contra de las propias Fuerzas Armadas, en coherencia con su arribismo político y con su desprecio por la institución militar.

        Como superviviente nato que es, Miguel Silva ha sabido remover también el mundo de filias y fobias dentro del Ministerio de Defensa para influir en su política de nombramientos, sembrando dudas y descalificaciones en unos casos y proponiendo nombres afines en otros. Como aviso a navegantes y al personal de Defensa, téngase en cuenta que la clave de los últimos ceses y nombramientos de altos cargos militares reside en la especial relación de Miguel Silva con el almirante general y secretario general de Política de Defensa, Francisco Torrente, auténtico hombre fuerte de la Defensa con el Gobierno socialista. El tánden Torrente-Silva alentaron los ceses sucesivos del teniente general José Mena, Jefe de la Fuerza Terrestre y del general José Antonio García González, Jefe del Estado Mayor del Ejército; así como el de su antecesor Luis Alejandre, colocando en los cargos respectivos a los generales Pedro Pitarch y Carlos Villar, ambos hombres de la confianza socialista y en el caso de éste último perteneciente a la misma promoción de Ingenieros que Miguel Silva.

        Su reconocida capacidad de sacar partido a cualquier situación política en beneficio propio  le ha permitido verse condecorado con la Gran Cruz del Mérito Militar, hecho ciertamente insólito, dado que sólo alcanzó el empleo de capitán (llegó a comandante acogiéndose a la Reserva Transitoria) y que en el ámbito militar dicha condecoración está reservada exclusivamente a los oficiales generales.