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18 DE JULIO DE 1936: EL DESPERTAR DE ESPAÑA

INTRODUCCIÓN

            España comenzó el Siglo XX bajo el influjo de dramáticas presiones y funestos presagios. Perdidas sus últimas colonias con el desastre de Cuba y Filipinas en 1898, sufrió con ello un trauma brutal que golpeó a los españoles de entonces haciéndoles reaccionar, según sus ideas y carácter, de forma diametralmente opuesta; sin embargo, puede afirmarse, en general, que tanto unos como otros cayeron en el mismo exceso de autocompasión, pérdida de confianza y de autoestima, profundo derrotismo, ensimismamiento y falta de visión de futuro superados por el impacto de la dura realidad de que ya no eran lo que sus antepasados fueron.

Incapaces de reaccionar como nación y colectivo, varios factores incidieron en ahondar el problema de identidad que les invadió, debiendo citar, entre los principales, aunque no únicos: el subdesarrollo endémico de extensas áreas geográficas y sectores de producción de la España de entonces; la tendencia de muchos colectivos de población a buscar soluciones radicales, violentas e insolidarias a los problemas; la consolidación de ideologías y líderes que hacían de la demagogia y la manipulación sus principales armas y métodos de actuación, entre las que destacaban el socialismo, el comunismo --desde 1921-- y el anarquismo, propugnando movimientos de masas y luchas de clases propiciadoras de enfrentamientos sociales agudísimos y profundos, en vez de promover la necesaria moderación y búsqueda de la concordia en la solución de los conflictos por muy injustas que fueran sus causas; la existencia de un régimen, el monárquico, que se resistía a evolucionar y que estaba representado, además, por un rey, Alfonso XIII, de escasas cualidades políticas y de liderazgo; por último, la consolidación de un proceso, desarrollado durante todo el Siglo XIX, por el que los españoles acabaron por dividirse en dos bandos irreconciliables --dando lugar a las “dos Españas”-- que veían todo de manera radicalmente distinta y se mostraban incapaces de encontrar métodos de convivencia respetuosos de los unos para con los otros. Como guinda a todo lo anterior, el florecimiento de exacerbados sentimientos nacionalistas-secesionistas en Cataluña y Vascongadas --sin base alguna pero hábilmente manipulados, eso sí-- supusieron un elemento distorsionador especialmente hiriente y sensible que colaboró de forma muy activa a que se desequilibrara, todavía más, la ya de por sí inestable y difícil convivencia entre los españoles. 

            Por todo lo anterior, el primer cuarto del Siglo XX transcurrió en medio de un caos político y social casi total, auspiciado por el enrevesado y destructivo proceder de unos partidos “gubernamentales” que, declarándose monárquicos, intentaban encauzar las ideas de “derechas” y de “izquierdas” dentro de un orden, pero que en la práctica se habían quedado obsoletos de acuerdo a las nuevas necesidades y formas de ver las cosas de la sociedad del momento; se mostraban, además, incapaces de evolucionar debido a la corrupción y mediocridad de sus líderes, empeñados en mezquinos enfrentamientos personales provocados muchas veces por inconfesables intereses privados que no dudaban en trasladar a la vida política nacional, imposibilitándola para atender a las reformas institucionales y sociales necesarias, muchas de las cuales eran urgentes; todo ello permitió que por los múltiples resquicios que generaba tan deteriorada situación, se colasen los nuevos grupos políticos  --anarquistas, socialistas y comunistas-- que con gran pujanza, manipulando hábil y torticeramente las carencias e insatisfacciones, muchas veces justificadas, de amplios sectores de población, generalmente de los más desfavorecidos, lograron presentarse engañosamente ante ellos como la única alternativa posible y lógica de solución a sus problemas que los partidos institucionales ya no representaban. 

            En este estado de cosas surgió al principio como mera corriente de opinión intelectual, pero que fue calando poco a poco en amplios sectores de población, la necesidad de reemplazar al “viejo régimen”, es decir, el monárquico --sin duda decadente y claudicante en muchos aspectos-- por uno nuevo “joven y eficaz”, el republicano, que además representara mayoritariamente la opinión y los deseos reales de los españoles, independientemente de su condición y, por ello, fuera capaz de enmendar todos los males. Se vendió de esta forma a la República, con grandes dosis de demagogia, como la panacea única y necesaria que terminaría con todos los problemas de todos sin excepción, en especial de los más desfavorecidos y, ello, por sí misma. El hecho es que muchos asumieron tal precepto con devoción y sinceridad, mientras que otros  --socialistas, comunistas, y en menor medida los anarquistas, dadas sus especiales características-- lo hicieron por motivos meramente pragmáticos y como simple instrumento, como paso intermedio, pero valiosísimo, para avanzar hacia la instauración de sus verdaderos postulados políticos y sociales que no eran, ni mucho menos, los republicanos, sino la dictadura del proletariado, y ello a través de un proceso revolucionario idéntico al que por entonces parecía triunfar en Rusia y se convertía en paradigma y referencia obligada para todos los teóricamente oprimidos del mundo. Así, la monarquía se enfrentó a la aparición de una alternativa aparentemente creíble, creciéndole un oponente capaz de aunar la voluntad de amplios sectores de población y opinión como nunca antes, por lo que su caída era, por primera vez, posible.           

El intento por salvarla in extremis, dándole una última oportunidad, lo protagonizaron tanto el General Miguel Primo de Rivera, liderando el “golpe de estado” de Septiembre de 1923 que dio origen al periodo dictatorial que llevó su nombre, como el propio pueblo español, al no oponerse al mismo --pues el golpe fue absolutamente incruento y muy bien recibido por el pueblo llano-- apoyándolo o, al menos, consintiéndolo, durante casi siete años, hasta Enero de 1930, momento en el que finalizó al dimitir el General una vez que contra su dirección se confabularon la practica totalidad de los distintos sectores de opinión, fueran de izquierdas  --especialmente el PSOE que curiosamente fue muy beneficiado por la labor del dictador con el cual colaboró ardientemente-- o de derechas, las cuales no encontraron en su recto e imparcial proceder la protección de sus intereses de clase que esperaban, por lo que llegado el momento no dudaron en socavarlo e incluso tomar especial protagonismo en provocar su extinción. Caído Primo de Rivera, la monarquía quedó al descubierto y se presentó totalmente indefensa pues, fuera de forma justa en muchas cuestiones, pero también absolutamente injusta en muchas otras, se la presentó de manera descarada como la responsable de todos los males de la nación, ahora más que nunca si cabía.

            En tal situación bastó la confabulación entre los líderes conservadores, los republicanos y los de izquierdas en el llamado “Pacto de San Sebastián” --reunión secreta celebrada en tal ciudad por los principales líderes de tales formaciones políticas y corrientes de opinión--, con la participación por primera vez en política activa de los nacionalistas-secesionistas catalanes, para que sus días estuvieran contados. Como además, los conspiradores no dudaron en propugnar el uso de cualquier método  --legal o ilegal, pacífico o violento--  para procurar su derribo, fueron suficientes unos meses de acoso a través de una premeditada, alevosa y brutal campaña de agitación social, así como de una serie de conatos de levantamientos militares  --como el de Jaca o Cuatro Vientos--, para que la Monarquía se viera en la obligación de convocar elecciones en el peor clima posible para ello a fin de renovar todos los cargos municipales, provinciales y diputados a Cortes de la nación a través de una triple convocatoria electoral  --nada más y nada menos--  de las cuales únicamente se celebrarían la primera ya que, hábilmente manipulados sus datos todavía provisionales por la presión orquestada en las calles por los republicanos y las izquierdas, tales elecciones locales fueron convertidas en práctico referéndum institucional, provocando la caída de la monarquía y el precipitado abandono del trono por parte de Alfonso XIII, que salió de España para no regresar jamás  --a pesar de que los resultados oficiales y definitivos dados a conocer unos días después le fueron del todo favorables--, sin que ni los más recalcitrantes monárquicos del momento movieran un dedo por él o, como sentenció José Antonio Primo de Rivera, sin que ni siquiera fuera defendido “...por un piquete de alabarderos...”.  

Así, España se acostó monárquica un 13 de Abril de 1931, y se levantó republicana el día 14. La clara y demostrada ilegalidad e ilegitimidad del advenimiento de la II República, debido a que se produjo, no como resultado de un referéndum institucional real y convocado a los efectos, sino sobre la base de los resultados provisionales de unas elecciones meramente locales, no fue óbice para que fuera instaurada y sus mentores accedieran al poder pues, todo hay que decirlo también, contaron con el apoyo popular absoluto, cuyas masas asumieron el hecho con naturalidad e incluso con alegría y esperanza ya que, no en balde, con ella llegaba, teóricamente y según habían prometido sus partidarios más acérrimos, el final de todos los problemas, por lo que en tal momento y ante tales perspectivas lo de menos era su absoluta ilegalidad. 

            Cuando inició su andadura la nueva república, la situación en España era la que sigue:  

• sus males permanecían, aunque todo el mundo consideró que terminarían en breve;
• los líderes republicanos, ya en el poder, creyeron que estaba amenazada desde ese mismo instante por los sectores de opinión monárquicos que, aunque acataban el nuevo régimen, al no asumirlo, lo hacían de mal grado, por lo que consideraron que de inmediato había que azuzar contra ellos todos los resortes del nuevo estado republicano para mantenerlos a raya y neutralizarlos, en gran medida porque los propios líderes republicanos eran conscientes de la profunda ilegalidad sobre la que se había instaurado el nuevo régimen;
• las izquierdas --socialistas y comunistas, así como los anarquistas, aunque éstos por libre-- vieron hecho realidad uno de sus primeros objetivos que era, desde siempre, la desaparición de la monarquía, con cuya caída se sintieron reforzados y más decididos que nunca a dar los siguientes pasos para continuar en su estrategia de instauración de una república, sí, pero no a secas como la que en esos instantes se instalaba, ni mucho menos democrática, sino socialista y soviética o libertaria y asamblearia --ésta última por los anarquistas-- conforme a la “moda” que corría ya por toda Europa y que emanaba de la Rusia marxista-leninista, queriendo hacerlo, además, a través de un proceso revolucionario violento idéntico al que había triunfado en este último país, por lo que decidieron apoyar a los republicanos pero sólo como estrategia intermedia para alcanzar, en cuanto se pudiera, su verdadero fin ya citado;
• los nacionalistas-secesionistas de Cataluña, y los ya incipientes de Vascongadas, confiaron en que ahora sí que estaba al alcance de su mano la conversión de la España única e indivisible de siempre en otra que no definían pero que, en el peor de los casos para ellos, debería estar formada por un conjunto de “repúblicas independientes” constituidas a base de cada una de sus “regiones”, confianza que se sustentaba no sólo en la desaparición del símbolo por excelencia de la unidad de España, es decir, de la monarquía y el Rey, sino también por las promesas que se les había hecho en el “Pacto de San Sebastián”, y por algunos postulados teóricamente “federalistas” que latían en los idearios y programas políticos de socialistas y comunistas;
• las derechas, bajo cuya denominación incluimos, para abreviar, a monárquicos, conservadores y en general todos aquellos que se llamaron “gentes de orden”, es decir, los opuestos a las ideologías de izquierdas  --y a sus métodos violentos-- se sintieron desorientados, estaban desorganizados y dudaban entre el acatamiento al nuevo régimen o emplearse en su contra, lo que en realidad les mantuvo inermes e indefensos, carentes de líderes, dirección y proyecto político válido, sintiéndose además amenazados en sus principios, bienes e incluso físicamente por el avance y agresividad que demostraron desde los primeros instantes los republicanos y sus socios de izquierdas.

Aun con todo, puede afirmarse que el momento histórico, político y social era único para poder encauzar por sendas de racionalidad y orden el desarrollo del nuevo régimen que no era ni bueno ni malo per se, sino que su bondad o maldad dependería, lógicamente, de su subsiguiente desarrollo. Puede también afirmarse con rotundidad que ello dependería exclusivamente de los republicanos y de sus socios, es decir, de las izquierdas, ya que las derechas no tenían, como se ha dicho, ni fuerza, ni posibilidad alguna de intervenir pues, incluso, muchos de los potenciales seguidores de las mismas optaron por “esperar y ver” dando, de mejor o peor grado, pero concediéndolo al fin y al cabo, un margen de confianza al nuevo régimen y a las nuevas autoridades republicanas que copaban, para más inri, todo el poder al ostentar todos los cargos institucionales, fueran los que fuesen, a excepción de aquellas alcaldías en las que los candidatos de los ya extintos partidos monárquicos habían sido elegidos, democráticamente, en las elecciones locales citadas. Así pues, todas las posibilidades estaban abiertas para la República, uno de cuyos más importantes valedores, Manuel Azaña, a la sazón Ministro de la Guerra en su primer y provisional Gobierno, manifestó entonces que “...si la República española se hunde, nuestra será la culpa. Si no sabemos gobernar, nuestra será la culpa. No hay ya a quien echar un fardo de responsabilidad. Ved que la libertad trae consigo esa tremenda consecuencia...”. 

Sin embargo, desde el mismo momento en el que comenzaron a ejercer el poder --primero provisionalmente y, tras la celebración de las primeras elecciones generales el 28 de Junio de 1931, de forma efectiva--, los republicanos de Azaña y los socialistas y comunistas que le apoyaban en el Parlamento se lanzaron a una serie de reformas que llevaron a cabo de manera brutal en su ejecución y absolutamente sectaria en su concepción, haciéndolas especialmente nocivas e inaceptables para grandes sectores de población, pues, al verse poseedores de la mayoría absoluta en la Cámara  --las “derechas” no lograron en esas elecciones nada más que 40 diputados de un total de 432--  actuaron sin tener en cuenta a los que no opinaban como ellos, imponiendo sus criterios en todas circunstancias, despreciando incluso el hecho conocido de que, a pesar de todo, los escasos diputados derechistas no representaban realmente en esos momentos el verdadero potencial de voto y opinión de tal sector de población que era, sin duda y como después se vio, muy superior. Lo anterior se hizo especialmente hiriente en lo que se refiere a la redacción de la nueva Constitución republicana que, en vez de ser confeccionada por consenso entre todas las opiniones de la nación, como texto superior que debía ser, resultó hija exclusiva de las ideas republicanas y socialistas más extremas, naciendo así partidista y siendo, por ello, rechazada  --por el momento sólo anímicamente-- por los sectores de derechas que poco a poco iban consiguiendo salir de su marasmo inicial. El propio Alcalá-Zamora, a la sazón Presidente de la República, diría más tarde que “...la Constitución invitaba a la guerra civil, desde lo dogmático, en que impera la pasión sobre la serenidad justiciera, a lo orgánico, en que la improvisación y el equilibrio inestable sustituyen a la experiencia y a la construcción sólida de poderes...”. 

A lo anterior hay que añadir que el nuevo Gobierno llevó a cabo desde los primeros instantes una directa y evidente labor de persecución y amedrentamiento de todo aquel que no opinaba como él o simplemente era sospechoso de tal posibilidad, lo que iba a ser tónica general del proceder de las fuerzas republicano-socialistas en adelante. La quema de iglesias y conventos de Mayo de 1931, cuando la República apenas llevaba un mes de existencia, fue el primero, puede que más brutal, pero no el único, de los ejemplos de lo antes dicho. Animada desde sus orígenes de una furia anticatólica sin igual, los nuevos gobernantes y sus partidos no se conformaron con la simple y lógica separación entre la Iglesia y el Estado, sino que su ideario y acciones fueron encaminadas a borrar a lo religioso de la escena política, social e incluso privada de España. Cuando las turbas, perfectamente organizadas por los profesionales de la agitación --socialistas, comunistas, anarquistas y republicanos--, se dieron al saqueo e incendio de los edificios religiosos, el Ejecutivo miró para otro lado e incluso impidió que las fuerzas de seguridad y los bomberos intervinieran, permitiéndolo únicamente cuando las llamas amenazaron con propagarse a los edificios de viviendas aledaños o se extinguieron una vez que habían conseguido calcinar hasta los cimientos de los edificios elegidos. Tal hecho, junto con la pasiva, voluntaria y cómplice actuación gubernamental, alejó de la República a grandes masas de población que habían comprobado como el nuevo poder, nada más instaurarse, hería sus creencias y reducía a cenizas sus esperanzas. 

El bienio que Azaña se mantuvo en el poder, como se ha dicho con el apoyo de sus republicanos y del PSOE, se caracterizó, además, por un paulatino empobrecimiento de la economía de la nación, el crecimiento de la inseguridad ciudadana especialmente por el descontrol de los anarquistas de la CNT y FAI que creían llegado su momento de avanzar hacia el comunismo libertario, y el encrespamiento de la problemática independentista en Cataluña y Vascongadas cuyos dirigentes creían que se les iban a hacer realidad las promesas que tanto Azaña como los socialistas, dirigidos por Largo Caballero e Indalecio Prieto, les venían haciendo desde hacía tiempo. Todo ello sumió a España en un caos idéntico al que se vivió durante los últimos años de la monarquía, causando en los españoles una terrible impresión al comprobar, todos sin excepción, por unas u otras causas, que lo que se les prometió, la panacea a sus problemas, no podía ser esa República que tanto se había alabado y esperado, por lo que ahora pasaba a ser despreciada o temida, según los casos, por unos u otros.

En estas circunstancias nada puede extrañar que surgiera un primer atisbo de reacción en forma de intento de “golpe de estado” --capitaneado por el General José Sanjurjo, en Agosto de 1932--  que fracasó, no sólo porque estuvo tan mal preparado como ejecutado, sino sobre todo porque no contó con el respaldo ni de las Fuerzas Armadas en su conjunto, ni de las masas civiles teóricamente factibles de dárselo, es decir, de los sectores monárquicos latentes aun y de las incipientes derechas, sirviendo sólo para que Azaña y los suyos --que conocían todos los detalles de la intentona y dejaron que se produjera conscientes de su poca consistencia y fácil represión--  obtuvieran la excusa que no habían tenido hasta entonces para justificar sus acciones  --e intenciones de siempre--  encaminadas a acabar con las derechas a toda costa y en todos los órdenes, lo que intentaron hacer a raíz del fracaso del golpe desencadenando, además de una brutal e indiscriminada represión contra los implicados o los meramente sospechosos de haberlo estado, una nueva tanda de reformas en todos los estamentos estatales, mucho más sectaria y brutal que las anteriores, y que por ello pueden hoy ser calificadas de verdaderas purgas, especialmente entre los funcionarios y principalmente entre los mandos del Ejército y de la Armada, instituciones a las que se pretendían “republicanizar”, eso sí, según sus criterios partidistas y como fuera. 

Junto a lo anterior, se dio el caso de que la propia Jefatura del Estado, ejercida por Niceto Alcalá Zamora, salió del bienio azañista manchada por el estigma de la parcialidad y el sectarismo, pues sus actuaciones personales, sus continuas injerencias anticonstitucionales en la política diaria y su falta de conciencia de cual era su verdadera función, mostraron a los ciudadanos que, si bien el Rey tuvo sus defectos, el nuevo “rey republicano”, es decir, el Presidente de la República, adolecía de los mismos e incluso de algunos más. Puede afirmarse hoy en día que Azaña, desde su ejercicio de la Presidencia del primer Gobierno republicano, y Alcalá Zamora, desde el suyo de Presidente de tal régimen, llevaron ya en 1933 a la República al desastre provocando su descrédito más alevoso, dejándola desprestigiada y prácticamente en ruinas a los ojos de los españoles para siempre: de los de izquierdas, porque a pesar de haber sido los sostenes de Azaña, y aun con haber conseguido mucho, no se conformaban con lo logrado y deseaban que las reformas profundizaran aun más en el camino hacia la republica de corte socialista y bolchevique que pretendían, alejándola de su concepto originalmente democrático y abocándola a la instauración de una dictadura del proletariado; de las derechas, aglutinadas principalmente en torno a la figura emergente de José Mª Gil Robles, y de su Confederación de Derechas Autónomas (CEDA), porque perseguidas política, social y económicamente de manera injustificada con la excusa de su supuesta animadversión al régimen republicano y el infundado respaldo a la “sanjurjada”, se vieron obligadas a adoptar una postura defensiva a ultranza ante las continuas injusticias y parcialidades de que eran objeto por parte del nuevo poder, atemorizadas al ver y sentir lo que para ellas significaba la República o, al menos, la única república que conocían hasta ese momento.  

Tal situación obligó a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de elecciones anticipadas, las cuales, celebradas en Noviembre de 1933, serían cruciales. Azaña, sus republicanos y sus socios socialistas --y en menor medida los comunistas--, hasta entonces con mayoría absoluta, fueron amplia, clara y democráticamente derrotados en las urnas --donde más les dolía-- por la nueva coalición de partidos de derecha y centro-republicano que, ante la perspectiva que se les ofrecía, tuvieron el acierto de aunar posturas políticas y programas electorales presentándose en coalición. La abstención propugnada por los anarquistas, mayoritarios entre grandes sectores de población principalmente en Cataluña, Aragón y Asturias, tuvo también mucho que ver en la derrota de Azaña y el PSOE, así como del ya muy consolidado PCE, al restarles unos votos que les hubieran sido fundamentales para evitar, al menos, la debacle que sufrieron. Así, el nuevo Parlamento y el nuevo Gobierno tuvieron un claro color de centro-derecha-republicano, lo que nada más conocerse provocó la reacción visceral de los perdedores --Azaña, el PSOE y el PCE-- que anunciaron que tales resultados “...ponían en peligro a la República...”  --pues para ellos la República la encarnaban solamente ellos mismos--  y que no iban a consentir que en el Gobierno ocuparan carteras ministeriales las derechas ya que, si tal hecho se producía, se considerarían obligados a recuperar el poder como fuera. 

Por ello, Gil Robles, que había obtenido el mayor número de votos y a quien en buena lid democrática le correspondía formar Gobierno, no sólo no recibió tal encargo del asustado y parcial Presidente de la República, Alcalá Zamora, sino que de motu propio cedió voluntariamente tal prerrogativa democrática y dejó que el nuevo Ejecutivo tuviera color de centro-republicano exclusivamente, es decir, que lo encabezara Alejandro Lerroux  --líder del Partido Radical representante de tal tendencia--  y que todos los Ministros fueran de tal partido. Comenzó así su andadura el nuevo Gabinete y, enseguida, se vio sometido a todo tipo de presiones y provocaciones por parte de las izquierdas y de los republicanos de Azaña que utilizaron con profusión sus armas preferidas, es decir, la agitación social --con cientos de huelgas salvajes y violentas--, la subversión callejera y las acciones terroristas, sin descartar tampoco la incitación a la sublevación militar, dada la infiltración que habían logrado sus premisas en muchos mandos militares. Lo anterior, unido a la poca consistencia política de Lerroux y sus seguidores, provocó continuas crisis de gobierno, generando una inestabilidad política e institucional que pronto dejó en entredicho la capacidad del centro-republicano para gobernar. Por ello, los problemas de España no sólo no mejoraron, sino que se agravaron. 

Entre tanto, y con motivo de las elecciones de 1933, había aparecido por primera vez en la escena política y social de España la Falange Española, fundada ese mismo año por José Antonio Primo de Rivera y fusionada desde sus comienzos con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) de Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo Ortega, dando lugar a FE de las JONS.  

Fue la Falange, nombre con el que sería conocida popularmente, una agrupación política y social difícil de encasillar en el escenario político español de entonces. Movimiento de raíces genuinamente patrióticas, acumuló un ideario político cercano a la derecha en lo referente a la unidad nacional, la tradición histórica y el modelo espiritual heredero del que animó al imperio español de los Siglos XV y XVI   --los Reyes Católicos, Carlos V y Felipe II--, cuyo concepto nacional quiso resucitar, mientras que en lo social se decantó abiertamente por defender postulados prácticamente de izquierda y revolucionarios, abogando por reformas laborales que sacaran a las masas trabajadoras de la explotación capitalista, pero repudiando radicalmente el principio de lucha de clases fundamental en las izquierdas y que, a su juicio, envenenaba, enfrentaba y manipulaba las relaciones entre obreros y patronos, convirtiendo a unos y a otros en enemigos irreconciliables sin necesidad. Propugnó, en lo religioso, la separación entre la Iglesia y el Estado, abogando por el reconocimiento del hombre como poseedor de valores eternos y, por ello, por la necesidad de que las leyes estuvieran enraizadas en los principios cristianos propios de nuestra cultura europea y occidental.  

En las citadas elecciones de 1933 no alcanzó sino un reducido puñado de escaños que le serviría, no obstante, para abrirse un pequeño hueco en el elenco político español del momento; aunque nunca pasó de ser un grupo minoritario, su fuerza estuvo basada en la juventud de sus afiliados y en lo decidido de sus actuaciones. Por todo ello, fue objeto predilecto de los odios tanto de las izquierdas, quienes veían en su credo social un competidor peligrosísimo en su lucha por el monopolio del control de las masas obreras, como de las derechas, que miraban con envidia su defensa de una España unida y con sumo recelo la esencia de la revolución social que propugnaba. Los primeros aprovecharon los símbolos externos falangistas   --similares a los fascistas italianos, único punto de similitud entre uno y otro ideario--  para colocarles el susodicho sambenito y hacerles objeto preferente de sus iras; las derechas, por su parte, les tildaron, paradójicamente, de “bolcheviques”. Ni unos ni otros lograron, ni se preocuparon, por entender realmente lo que la Falange significaba. 

            En Octubre de 1934 el Gobierno Lerroux del momento, pues había habido varios por las continuas crisis ministeriales, hizo nuevamente aguas y se anunció una remodelación profunda del Gabinete para la que Gil Robles exigió, ahora sí, como le correspondía legítima y democráticamente, el nombramiento de algunos de sus partidarios como Ministros. Tal posibilidad puso en marcha de inmediato la anunciada reacción de la izquierda para impedirlo, siendo amparada por el propio Presidente de la República. Como sea que el acceso al Gobierno de los cedistas se llevó a cabo al incluir Lerroux, que siguió como Presidente del Gobierno, a tres miembros de tal tendencia en el Ejecutivo que nombró en la noche del 4 de Octubre, de inmediato se activó en toda España, al unísono, de forma coordinada y perfectamente organizada, lo que se llamaría “revolución de Octubre”, es decir, un movimiento revolucionario violento por el que las masas republicano-azañistas e izquierdistas se aprestaron a tomar el poder mediante la violencia conculcando de forma alevosa y brutal el ordenamiento jurídico vigente.  

Lo mejor de todo lo anterior es que tal estallido revolucionario fue posible porque los preparativos para él venían realizándose desde el mismo momento en que tales grupos habían perdido el poder en las elecciones de finales de 1933 --dejando en evidencia su inexistente espíritu y convicción democrática--, como así lo demuestran las compras de armas que se efectuaron desde entonces y que fueron llegando clandestinamente a España, la fabricación de explosivos, la constitución de depósitos de armamento y las instrucciones, circulares y otros documentos que se intervinieron por las fuerzas de seguridad en las sedes socialistas y comunistas, todo ello dirigido personalmente por los máximos dirigentes de tales tendencias, entre otros Largo Caballero e Indalecio Prieto, ambos diputados; lo anterior se realizó, además, en claro contubernio con los independentistas catalanes, si bien los vascongados, aunque estaban al tanto, prefirieron mantenerse prudentemente al margen. El gran fallo de tal dispositivo para la toma del poder radicó, sin embargo, como en las pasadas elecciones, en la inhibición de los anarquistas, que consideraron el intento revolucionario como demasiado “burgués” para ellos, por lo que no le prestaron su apoyo, restándole fuerza, decisión de la que se arrepentirían, tomando buena cuenta de ello para cuando se produzca el Alzamiento Nacional en 1936. 

Paradojas de la España de entonces fue que la legalidad republicana y su Constitución --aun sectaria desde su origen y elaborada por las mayorías republicano-azañistas e izquierdistas-- tuvo que ser defendida por los centristas-republicanos y las derechas, aquellas a las que tanto se había perseguido precisamente por considerarlas supuestamente anti-republicanas; de un lado, en contra de la legalidad republicana, se colocaron Azaña, el PSOE, el PCE y los independentistas catalanes de la Esquerra Republicana liderados por Luis Companys; de otro, el Gobierno legal y legítimo de Lerroux, Gil Robles y su CEDA, el Bloque Nacional de Calvo Sotelo y la propia Falange de José Antonio.  

Durante quince días España se sumió en un mar de violencia inusitada, de revueltas armadas, de enfrentamientos y choques furiosos y sangrientos. Para lograr vencer el intento revolucionario hizo falta hacer uso de las fuerzas del Ejército, incluso trayendo a las que se ubicaban en Marruecos, es decir, de la Legión y de los Regulares por entonces consideradas de elite. El General Francisco Franco fue llamado urgentemente por el Gobierno para que se hiciera cargo provisionalmente de la Jefatura del Estado Mayor Central y, desde Madrid, coordinara las operaciones. Se venció a cañonazos el intento independentista catalán llevado a cabo por Companys en la noche del 6 al 7 de Octubre. Mientras que en la mayor parte de España se consiguió reducir los focos revolucionarios en unos pocos días, en Asturias se vivió una verdadera situación de guerra abierta. Principalmente los mineros, dirigidos por sus líderes socialistas y comunistas, intentaron ocupar Oviedo después de hacerse con toda la provincia en los dos primeros días a base de dinamita y fuego.

En la capital asturiana resistieron hasta lo imposible su escasa guarnición militar y las reducidas fuerzas de seguridad todas las cuales fueron liberadas in extremis por fuerzas del Ejército llegadas de Galicia, África y Vascongadas  --éstas en menor proporción--, al mando del General López Ochoa y el Tte. Col. Juan Yagüe. La revolución arrojó un balance de entre mil cincuenta a mil cien muertos en toda España entre militares, agentes del orden y civiles --de estos últimos treinta y tres sacerdotes asesinados en Asturias por el mero hecho de ser precisamente eso, sacerdotes--, además de cerca de tres mil heridos de diversa consideración, muchos de ellos mutilados, e incontables pérdidas por la destrucción de edificios, medios de transportes, cosechas y un largo etcétera.  

Por sus especiales características de toda índole, hoy en día queda claro y es aceptado por los estudiosos más refutados que el intento revolucionario de 1934 señaló el comienzo de la guerra fratricida que enfrentaría a los españoles a partir de Julio de 1936, de la que el Alzamiento sólo sería su segunda escena. La revolución definió nuevamente, y casi de forma total e irreconciliable, las “dos Españas” que se iban a enfrentar de forma absoluta más adelante, al igual que, de forma incipiente, lo habían  hecho en ese mes de Octubre. Sobre tal hecho Salvador de Madariaga, personalidad nada sospechosa dado su radical republicanismo, diría después “..el alzamiento de 1934 es imperdonable. La decisión presidencial de llamar al poder a la CEDA era intachable, inevitable y hasta debida desde hacía tiempo. El argumento de que el Sr. Gil Robles intentaba atacar la Constitución para implantar el fascismo era, a la vez, hipócrita y falso. Con la rebelión de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad para condenar la rebelión de 1936...”. 

            Dominada la revolución, el centro-republicano y la derechista CEDA permanecieron en el poder hasta Febrero de 1936. En los varios Gobiernos que se sucedieron participó como Ministro de la Guerra el propio Gil Robles y, en contra de lo que las izquierdas pregonaban, no se produjo el temido “golpe de estado”, sino todo lo contrario, y a diferencia de lo ocurrido cuando Azaña y los socialistas accedieron al poder nada más estrenarse la nueva república y con mayoría absoluta, ahora el centro-derecha, también con mayoría absoluta  --incluso con los dirigentes izquierdistas en la cárcel o en el extranjero como consecuencia de tener que hacer frente a sus responsabilidades judiciales por su participación activa en las revueltas--, intentaron no exasperarles y poco a poco fueron concediendo una serie de indultos que les permitieron volver a la calle y ser repuestos en sus cargos, especialmente a los militares que se habían sumado a la insurrección   --algunos mandos del Ejército secundaron el intento independentista catalán cometiendo traición, lo que entonces se castigaba con la pena de muerte--  o se habían inhibido en su neutralización. Ello permitió que las izquierdas y los republicanos azañistas retomaran el vuelo.  

Sin embargo, y en contra de lo que podía pensarse y cabía esperar, en vez de reconducirse hacia posturas moderadas  --no sólo ante la importancia del gesto político de las derechas, que se incluían definitivamente en el juego democrático republicano alejando de ellas cualquier sombra de anti-republicanismo, sino por la dureza de lo ocurrido durante la revolución--, los republicanos de Azaña y las izquierdas volvieron a las andadas y aun más crecidas, tomando la postura de las derechas como debilidad y ensalzando y tergiversando los hechos de la propia revolución de Octubre, declarando que su objetivo era ir a una nueva insurrección sólo que esta vez desde el poder, es decir, controlando los resortes del Estado de los que habían carecido en Octubre, para asegurarse el triunfo. 

            Desgastados los sucesivos gobiernos de centro-republicano y de derechas, en parte por la incesante presión a que les sometieron los republicanos azañistas y las izquierdas, como ya se ha dicho, y en parte por sus propias incapacidades, divisiones internas y algunos sonados casos de corrupción que afectaron directamente al propio Lerroux, la situación se hizo insostenible y, tras varias nuevas intervenciones anticonstitucionales y partidistas a favor de las izquierdas por parte del Presidente de la República, Alcalá Zamora, se convocaron elecciones generales que se celebraron en Febrero de 1936, acudiendo a ellas los españoles ya definitiva e irremediablemente divididos en dos bandos irreconciliables. Por un lado, republicanos-azañistas, socialistas, comunistas y, esta vez, los anarquistas, secundados todos ellos por los independentistas catalanes y, también ahora, vascongados; por otro, los restos de los centristas-republicanos de Lerroux, la CEDA de Gil Robles, el Bloque Nacional de Calvo Sotelo, los Tradicionalistas   --principalmente navarros--  y la Falange. La diferencia es que mientras los primeros se coaligaron formando el llamado Frente Popular, bajo cuyo paraguas se presentaron unidos, los segundos, por creerse Gil Robles que no precisaba de los demás, ni querer hipotecas políticas cuando accediera al poder, lo que consideraba seguro, se presentaron cada uno por separado. El resultado de tal división estaba claro y así se lo intentaron hacer ver a Gil Robles los demás, en especial Calvo Sotelo, pero todo fue en vano. Las elecciones dieron ganador al Frente Popular que, aun obteniendo un número de votos  --4.430.000-- prácticamente igual al de sus adversarios políticos  --4.511.000--, por la ley electoral vigente salió beneficiado al haberse presentado en coalición, siéndole adjudicada una mayoría de diputados.

            Tal y como era previsible, nada más conocerse los resultados oficiales e incluso antes, los dirigentes del Frente Popular se dedicaron a hacerse con todos los resortes del poder, cesando o expulsando de sus cargos, por las buenas y legalmente, o por las malas e ilegal y violentamente, a todos aquellos que no comulgaban con su ideario político o social. Se desencadenó, a partir de tal mes, una ola de persecución de todos los considerados como de derechas, afiliados o simpatizantes, así como de aquellos tildados de “fascistas”, es decir, el Bloque Nacional, la Falange y los Tradicionalistas, si bien tal apelativo se haría enseguida extensivo incluso a la CEDA, de tal forma que tanto para los partidos como para los seguidores del Frente Popular sólo había quienes estaban con ellos o quienes estaban en su contra y, éstos, independientemente de su credo, ideas e incluso declarado apoliticismo, pasaron a ser tachados de “fascistas” y enemigos de la República, la cual sólo podía ser encarnada correctamente por ellos, es decir, por los “frentepopulistas”; por tanto, todos aquellos declarados “fascistas” fueron considerados elementos a extinguir, no sólo política, sino incluso físicamente. Junto a ello, se llevaron a cabo profundas depuraciones en todos los estamentos estatales, fueran del Ejército o de la Armada, de las fuerzas de seguridad, magistratura o enseñanza y una declarada persecución de la religión y de sus representantes, es decir, sacerdotes y religiosas.

Se caminaba, pues, hacia una nueva revolución, algo que los propios dirigentes socialistas y comunistas no ocultaban, prodigándolo a los cuatro vientos. La situación en las calles fue de absoluta anarquía; puede afirmarse que no existió “estado de derecho”, ni siquiera del republicano. El caos prerrevolucionario lo envolvió todo. Las agresiones y enfrentamientos armados fueron continuos. Las instituciones y autoridades o se inhibían o eran los promotores de tales sucesos. La situación económica, laboral y social se volvió deprimente. Se promovió y consiguió, sin mayores dificultades, incluso el cese de Alcalá Zamora como Presidente de la República, dándosele un plazo de veinticuatro horas para abandonar el país, siendo sustituido por Azaña, al que se apartó así, en un “retiro dorado”, del Gobierno, buscando los líderes frentepopulistas ocupar todos los cargos ejecutivos, relegando de ellos incluso a sus socios republicanos de siempre. De esta forma, incluso los republicanos azañistas que habían apoyado al Frente Popular dotándole de una cara teóricamente moderada capaz de atraer la voluntad de amplios sectores de población que aun creían que la República podía ser sinónimo de orden si se la encarrilaba adecuadamente, debieron asumir el papel de meros teloneros de las verdaderas intenciones del resto de los participantes en la coalición de izquierdas, que no eran otras que las de implantar, según el caso, una república socialista revolucionaria (PSOE), una dictadura del proletariado bolchevique (PCE) o el comunismo libertario (los anarquistas de la CNT y FAI); por su parte, los independentistas catalanes y vascongados procedieron a dar los pasos precisos para hacer efectiva la secesión de sus respectivas regiones.

Y es en este estado de cosas, acosadas política, social y físicamente las derechas y en general las gentes de orden por unas izquierdas desbocadas en galope tendido hacia una nueva revolución y con los núcleos republicanos unas veces testigos mudos de tal desorden y otras cómplices activos de ellos, cuando comenzaron, en Marzo de 1936, a darse los primeros pasos para la gestación de lo que sería conocido como el Alzamiento Nacional. Quienes procedieron a ello fueron un reducido grupo de prestigiosos militares que se reunieron por primera vez en un domicilio de Madrid antes de incorporarse a los nuevos destinos que el Gobierno frentepopulista les había asignado con la intención de alejarlos de la capital y de la Península. En tal reunión estuvieron presentes los Generales Mola, Franco, Saliquet, Ponte, Varela, Villegas, Orgaz, Rodríguez del Barrio, García de la Herrán, González Carrasco y Fanjul. La reunión fue, en realidad, un intercambio de opiniones sobre lo que cada uno opinaba en relación con la situación política, social y laboral que vivía España y su común preocupación porque la próxima revolución, ya anunciada, se mostrara imparable si con antelación a ella no se hacía algo para desbaratarla, visto que los poderes del Estado se encontraban, precisamente, en manos de los propios revolucionarios. En esta toma de contacto sólo se quedó en permanecer alertas y mutuamente informados, encargando al General Emilio Mola Vidal, dada su idoneidad, la elaboración de un plan concreto, así como de contactar y apercibir a todo elemento militar o civil que pudiera estar interesado en sumarse al golpe de fuerza que, sólo en caso de extrema necesidad, habría que llevar a cabo.

Es muy importante hacer notar que los objetivos de este golpe no fueron partidistas, ni de clase o simplemente para salvar los intereses de un sector de la sociedad, sino muy al contrario, para volver la República hacia sus cauces democráticos obviamente perdidos por la actuación del Frente Popular; además, se pretendía también salvar a España del futuro bolchevique que se le reservaba  --convirtiéndola en satélite adelantado en Europa de la Rusia estalinista de entonces--, preservando así su cultura, tradiciones y raíces. En varias ocasiones los protagonistas por excelencia del Alzamiento así lo afirmaron. Por ejemplo Mola, verdadera alma del Alzamiento, escribió “...España, presa de la más espantosa anarquía se desangra y muere...vulnerada la Constitución, negados los más elementales derechos de ciudadanía, comenzando por el de la vida, entregados pueblos y ciudades al dominio de los pistoleros, España ofrece hoy un espectáculo de miseria, sangre y dolores como jamás haya registrado su Historia...¿qué por qué nos rebelamos y adónde vamos?...nos vamos a rebelar contra un poder ilegal que, abusando del poder, se ha declarado beligerante en las contiendas políticas...preferimos sucumbir antes que ver a España sumida en la barbarie...vamos a crear una España grande, una España fuerte, una España unida y cristiana...a crear escuelas donde los maestros enseñen a amar a Dios y a España...a resolver los problemas de la tierra...a obligar al que tenga mucho, a que lo reparta con el que tenga poco...vamos a ser reyes y señores dentro de nuestras fronteras, sin admitir sugestiones, ingerencias, ni imposiciones de fuera...queremos una España libre...y eso lo haremos entre todos y para todos...”; Franco también diría más tarde “...nosotros no vamos a luchar por ningún partido político. Nuestra misión, la única, será labrar una nueva España frente a la anarquía, el caos, el desorden y el crimen...”. 

De esta forma, y desde Pamplona, donde ejercía como Gobernador Militar de tal ciudad y jefe máximo de su guarnición, Mola fue tejiendo poco a poco, superando grandes dificultades y múltiples escollos, los hilos del Alzamiento. Estableció contacto con la practica totalidad de las guarniciones militares de toda España a través de enlaces y delegados, en busca de apoyos al mismo, preferentemente entre aquellos mandos que ya habían hecho notar su disgusto con la evolución de los acontecimientos y mostraban sólida inclinación a no tolerarlos, si bien carecían de la organización y los jefes capaces de aglutinarlos ordenadamente, vacío que vino a ocupar Mola; aun así, se encontró de todo: entusiastas, tibios y, en muchas ocasiones, radicalmente contrarios a la sublevación. También buscó apoyo entre aquellos grupos de civiles que por su ideario político o por sufrir la persecución del sectarismo frentepopulistas podían mostrarse a priori proclives a secundarle; le ocurrió lo mismo que con los militares. Conforme avanzaba el tiempo, y el tiempo entonces volaba, en apenas tres meses desde la reunión de Marzo hasta finales de Junio, Mola considerará ganadas de antemano varias provincias al contar con el apoyo incondicional y mayoritario de sus guarniciones y de amplios sectores de población, y perdidas irremisiblemente otras; siendo consciente, asimismo, el importante papel que en una u otra dirección debían jugar también las fuerzas de seguridad, es decir, la Guardia Civil, la Guardia de Asalto y los Carabineros.  

En cuanto a los apoyos civiles, contó desde el principio con el absoluto de los reducidos grupos monárquicos que aun sobrevivían, de la minoritaria y perseguida Falange y poco más, pues la numerosa y organizada Comunión Tradicionalista  --los requetés--, aunque sus bases se mostraban entusiastas por sumarse a la sublevación, sus líderes no se decidían y se enfrascaban con Mola en arduas y complicadas negociaciones políticas de resultado siempre infructuoso pues, el General, fiel a los objetivos del Alzamiento, nunca quiso hacer concesiones partidistas que lo alejaran de ese espíritu nacional y apolítico que era e iba a ser su principal motor y bagaje. En cuanto a la poderosa CEDA de Gil Robles, su apoyo fue muy tibio, con gestos aparentemente contundentes a veces, como la donación de tres mil euros (500.000 pts) para los gastos que pudiera originar el Alzamiento al principio, pero evitando, por contra, pronunciarse ni siquiera en secreto, es decir, sin hacer nada para movilizar a sus numerosos afiliados y simpatizantes a fin de que estuvieran prevenidos para el momento oportuno. Calvo Sotelo, enterado de la confabulación a finales de Junio, sí que otorgó su apoyo incondicional. Curiosamente, y reafirmando el carácter republicano inicial del Movimiento, se sumaron a la conspiración desde el primer instante dos prestigiosos Generales fervientes partidarios de la República: Cabanellas --jefe de la 5ª División Orgánica y Gobernador militar de Zaragoza-- y Queipo de Llano --Inspector General de Carabineros--, el primero de ellos era, además, declarado masón.

Mola y los jefes directamente implicados en la preparación del evento consideraban, apoyados en los múltiples indicios de que disponían siendo muchos de ellos de público dominio, que las izquierdas procederían a desencadenar su nueva revolución coincidiendo con la celebración en Barcelona, a partir del 19 de Julio de 1936, de las llamadas Olimpiadas Populares, alternativa a las oficiales de Berlín ideadas por la Komintern --la Internacional comunista soviética--  que eligió precisamente a España para su celebración dado el elevado índice de penetración marxista que experimentaba nuestro país, sin duda muy superior al de cualquier otro en la Europa de entonces. Por ello, los nervios estaban a flor de piel entre los conjurados conforme se acercaba tal día, pues seguían opinando que debían adelantarse a él si querían tener alguna posibilidad de éxito a pesar de ser conscientes de que sus preparativos no contaban, ni mucho menos, con la solidez organizativa, ni los resortes adecuados, pues la resistencia al mismo era muy fuerte incluso dentro del estamento militar debido a la profunda penetración que habían conseguido las ideas frentepopulistas en el seno del Ejército, la Armada y las fuerzas de seguridad. Todas estas instituciones habían venido siendo “trabajadas” por los socialistas, comunistas, republicanos azañistas e, incluso, por los anarquistas, de tal forma que, en puertas del estallido del Alzamiento, presentaban una división exactamente igual de profunda e irreconciliable que la que se observaba en la sociedad civil. Como puede verse, España en su totalidad, después de sólo cinco años de República  --dos de Gobierno azañista, otros dos de centroderecha y unos meses de frentepopulista--, se encontraba sumida en el caos total y en vías de extinción, dividida hasta el tuétano y teniendo como única salida a la más profunda crisis que vio su historia la de recurrir al uso de las armas, viéndose obligada a dirimir sus diferencias mediante el enfrentamiento violento entre los dos bandos, sin posibilidades de que nadie, en ninguna parte, quedara al margen de tan doloroso plebiscito armado. 

El 12 de Julio de 1936 unos requetés o falangistas, que nunca se sabrá, asesinaron en Madrid al Teniente de la Guardia de Asalto, José Castillo, como represalia por haber asesinado éste, a su vez, unos días antes y a sangre fría, a un requeté en una manifestación, dándose la coincidencia de que tal Oficial era un ferviente frentepopulista, afiliado al PSOE en secreto e instructor militar de sus juventudes. Esa misma noche un grupo de guardias de Asalto y policías, dirigidos por el Capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, se dirigieron a la casa del diputado y líder del Bloque Nacional, José Calvo Sotelo, y lo asesinaron de madrugada, dándose también aquí la circunstancia de que pocos días antes había recibido claras amenazas de muerte en el propio Parlamento por parte de varios diputados frentepopulistas. Otro grupo idéntico, que fue a buscar a su domicilio al líder de la CEDA, Gil Robles, con iguales intenciones, no pudo llevarlas a cabo al haberse trasladado dicho líder político de vacaciones a Biarritz el día anterior. El asesinato de diputado tan renombrado y de tan destacado líder de una parte muy importante de la oposición democrática al Frente Popular en las Cortes, a manos de funcionarios del Estado al servicio de la ideología contraria a la suya, fue la prueba para la mitad de los españoles de que los frentepopulistas no hablaban por hablar y que estaban dispuestos a todo con tal de eliminar a sus adversarios políticos; el hecho dejaba claro que algo tenía que pasar, pues tal magnicidio no podía quedar sin consecuencias. Desde ese día los bandos se aprestaron a la lucha; nadie se engañaba y, los que lo hacían, en uno u otro lado, sucumbirían poco después arrastrados por la riada irrefrenable que se avecinaba. Gil Robles escribiría más tarde un libro titulado “No fue posible la paz”, y es que la paz no era posible ya desde la misma revolución de Octubre de 1934.  

El Alzamiento estallaría, por tanto, cuando aun no estaba ni mucho menos preparado del todo, teniendo la textura minimamente suficiente y necesaria sólo para iniciarse, y ello en condiciones muy precarias, pero el magnicidio de Calvo Sotelo, al tiempo que pareció indicar que la temida revolución se ponía en marcha, supuso la justificación nítida, el hecho claro y contundente capaz de servir de revulsivo a los últimos indecisos; creó además el clima psicológico ideal y necesario. Mola, por un lado, creyó no tener más remedio que dar las instrucciones para su desencadenamiento con el fin de adelantarse al de la revolución, mientras que por el otro, técnicamente no podía dejar escapar oportunidad tan favorable. Con el apoyo incondicional que ante el hecho luctuoso del asesinato de Calvo Sotelo le brindaron los líderes de la poderosa Comunión Tradicionalista, el día 15 de Julio, el General se reafirmó en su decisión y emitió sus instrucciones para que el día 17 por la tarde se llevara a cabo el primer acto del Alzamiento que debía tener lugar en Marruecos.  

PLAN Y PROLEGÓMENOS DEL ALZAMIENTO           

Ante todo debe tenerse en cuenta y no olvidar para poder entender muchos de los hechos que conformaron el Alzamiento Nacional, que su puesta en práctica respondió a un plan preconcebido que se trazó por militares profesionales, intentando ajustar su desarrollo a tal esquema casi como si de una operación militar se tratara, por todo lo cual no debe perderse de vista que en su ejecución se siguió un organigrama que los implicados intentaron respetar también con rigor castrense, independientemente de que los que participaran en él lo fueran o no; es decir, que los que secundaron la sublevación, fueran militares o civiles, debían seguir disciplinadamente unas pautas concretas y atenerse a ellas escrupulosamente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en todo momento pues será también la causa directa o indirecta de las decisiones y actuaciones acertadas, en algunos casos, y erróneas, en otros, que muchos de sus protagonistas adoptaron. Junto a ello, debe también tenerse siempre muy presente que si bien existió una preparación detallada del mismo, cuando se dio la orden de iniciarlo la organización real con la que se contaba para llevarlo a la práctica estaba poco o nada consolidada en la mayoría de las provincias y casi podría afirmarse que tan sólo cogida con hilos, lo que provocaría que muchos de los que desde puestos de responsabilidad se enfrentaron al dilema de secundarlo o no, al no estar suficientemente enterados de sus fines concretos, titubearan, dando lugar a situaciones personales y colectivas que les arrastrarían al éxito o al fracaso según se decantaran por un bando o por el otro a impulsos, muchas veces, de las circunstancias y del puro azar. 

            Mola y los principales conjurados siempre consideraron que lo que procedía era llevar a cabo un golpe de fuerza para hacerse con el control de los resortes del Estado, adelantándose al seguro estallido de la nueva revolución izquierdista  --de cuyo inicio estaban convencidos que sería inminente y los líderes de dicha fuerza no se cansaban de anunciar--, y, desde el poder, encarrilar la República hacia derroteros verdaderamente democráticos y de orden, impidiendo a las fuerzas de la izquierda revolucionaria, a los anarquistas y a los independentistas catalano-vascongados alcanzar sus objetivos antidemocráticos y antirrepublicanos, que eran, por otro lado, conocidos de todos, pues ellos mismos se encargaban de proclamarlos reiteradamente a los cuatro vientos.  

Así pues, el Alzamiento se planeó como una acción que debía ser rápida, contundente, corta y decidida, persiguiendo el colapso total de sus potenciales oponentes, así como la inhibición, en el peor de los casos, de la mayoría de la población; era ésta la única y mejor forma de garantizar su éxito, especialmente si se tiene en cuenta la situación de marcada inferioridad de la que partían los dispuestos a sublevarse, pues no hay que olvidar que enfrente tenían, en un principio, a la totalidad del Estado, a sus estructuras y servidores que eran, a priori, fieles al Frente Popular o, al menos, incapaces de movilizarse contra él por creer que, a pesar de todo, representaba la legalidad del régimen, aunque estuviera carente por completo de legitimidad por razón de sus continuos desafueros; había, pues, que actuar por sorpresa y aprovechar al máximo los beneficios que siempre ofrece tal factor. En ningún momento los alzados pensaron que la sublevación podría acabar en una guerra fratricida que durase tres años, ni estaba en sus planes provocarla; como mucho, se contempló que, de fracasar el golpe en algunas provincias, existía la posibilidad de algún enfrentamiento armado entre distintas facciones políticas que, aunque sería costoso sofocar, no lo sería más que cuando la revolución de Octubre de 1934, pero que en ningún